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domingo 06 de agosto de 2017

Jueces que juegan con fuego

No probaron la inocencia o culpabilidad de Amado Boudou. Sólo determinaron que la causa prescribió por el paso del tiempo

Resulta que ahora Amado Boudou es inocente. O, para usar el término de los juicios por jurados, no culpable. ¿Probaron que no falsificó documentos para hacer una transferencia trucha de un auto? No. Pasó demasiado tiempo desde que alguien estampó una firman el formulario verde y ya no se puede investigar. Prescripción. Lo que los romanos enseñaban como el modo de adquirir o perder derechos por el paso del tiempo. Claro que los padres del sistema jurídico que aplicamos hasta hoy jamás pensaron que la burocracia incompetente o cómplice del poder iba a utilizar ese instituto para volver a defraudar a la ciudadanía.

En apenas 5 fojas (los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en una semana), el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal, integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini (en disidencia) y Adrián Grünberg, falló por mayoría y sobreseyó por extinción de la acción a, copio parte de la resolución, "Amado Boudou, argentino, nacido el 19 de noviembre de 1962, de sobrenombre Aimé , de estado civil divorciado, con domicilio en Macacha Güemes 334". Obvio. Aimé vive en Puerto Madero. El ex vicepresidente de la Nación fue investigado como "cómplice del delito de falsificación ideológica" por la utilización de documentos adulterados y con información inconsistente para la transferencia del auto Honda CRX patente WYT716.

Corría el año 2002 cuando el segundo hombre más importante de las instituciones entre 2011 y 2015, decidió su divorcio. Según la fiscal de la causa, Aimé alteró la fecha de la documentación con la complicidad de un gestor y la titular del Registro Automotor con el fin de que un auto japonés no entrara en la división de bienes conyugal. Un viejo profesor de Derecho Penal de Rosario solía decir que la clase de delito por la que a uno se lo acusa puede mostrar la calidad de persona que es. A Boudou lo imputaron poner liquid paper en un 08 para birlarle a la mujer a la que alguna vez le dijo "sí, quiero" unos miles de pesos.

El delito, hoy inexistente, comenzó hace 15 años. Dice 15 años. La acción se inició en 2009 y anteayer el sistema judicial consideró que debía hacer justicia. 15 años. Al Poder Judicial le tomó 5475 días para darse cuenta si se fraguó un 08.

En esta misma semana, la Cámara de Casación resolvió que Carlos Menem tiene que seguir siendo investigado por la voladura de la Fábrica militar de Río Tercero. Los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques revocaron la sentencia de la Cámara Federal de Córdoba que lo había sobreseído, tras un pedido hecho por las querellas y la Fiscalía y mandaron volver a analizar la tragedia ocurrida el 3 de noviembre de 1995. El fallo, que involucra al más trascendente hombre de un estado de derecho por 10 años, les tomó a sus señorías 22 años. Es decir, 8.030 días.

Los dos ejemplos remitidos son apenas muestras estruendosas de algo que no se está debatiendo con la fuerza del caso. El hartazgo ciudadano por las no respuestas de las instituciones, el vivir mal económicamente, la inseguridad social y ciudadana, tienen que ver con la impunidad. Y la falta de aplicación de sanciones a los delincuentes es patrimonio exclusivo de los jueces.

Hay mucho para decir, y se dice, sobre la ineficiencia de los poderes ejecutivos a lo largo de estos tiempos. Quien administra tiene que ver, por ejemplo, con que el 30 por ciento sea pobre en la Argentina, con que las rutas sean desfiladeros de muerte y con que el retroceso educativo haya sido sistemático desde 1983. De los encargados de dar un marco legal para hacer mejor la convivencia (eso es el derecho: una técnica que debe ayudar a mejor vivir) también puede escribirse y se hace. El patético plafond general (claro que hay excepciones) de nuestros 257 diputados y 72 senadores, que orilla la ignorancia invencible, está a la vista. Otra vez los ejemplos: esta semana entró un proyecto de 172 artículos para regular la actividad de los peluqueros. Entre su normativa se destaca la imposición del secreto profesional que obligará, si se sanciona la ley (¡y la van a sancionar!), a que el señor que hace las mechitas o alisa el pelo, no pueda develar lo que la señora le cuenta sentada en su sillón. Notable.

Del Poder Ejecutivo de la Nación mucho se dice. Del legislativo, otro tanto. ¿Y de los jueces? ¿Puede, seriamente, admitirse como normal del buen desempeño que los fallos tarden lo que tardan aún en cuestiones de gravedad institucional?

El Poder Judicial de la Nación (las jurisdicciones provinciales podrían verse aparte) sigue siendo el más opaco de todos. Se ha acusado de nepotismo a los que han ocupado el sillón de Rivadavia. ¿Alguien dio una ojeada al árbol genealógico de los que imparten justicia? Bosques enteros pueblan esos despachos. ¿Por concurso? Hay que responder a eso. ¿Cómo se publicita el modo de ingresar a la carrera judicial? ¿Se sabe del dedo arbitrario para los nombramientos? El último intento de mejorar esto fue la facciosa Ley de Transparencia Judicial que la doctora Cristina Kirchner impulsó para que se dejen de nombrar a los empleados amigos de los jueces y se procediera a nombrar a empleados amigos de ella.

Los jueces, fiscales y demás funcionarios de la Justicia no creen en la publicidad republicana de los actos de gobierno y consideran que sólo deben hablar por sus sentencias o dictámenes. No hablan, no explican, no hacen entendible al lenguaje de todos sus sentencias. Siguen escribiendo en latín, haciendo profesión de este gesto de racismo corporativo: nos hablamos entre nosotros, los que "pertenecemos", con estricto derecho de admisión para el resto de los mortales.

Aquí corresponde hacer excepciones: la actual Corte Suprema de Justicia está presidida por un ministro que es lo opuesto a lo que se achaca. Ricardo Lorenzetti se preocupa permanentemente de explicar a la ciudadanía, a través del periodismo y de las universidades, de qué va su trabajo y cómo falla cuando lo hace. Pero la norma, es la otra. Si hay hasta fiscales, los representantes de la sociedad en el proceso, que entienden que tienen derecho a estar mudos y apenas firmar un dictamen para dar por cumplida su tarea. Por fin, los jueces no son iguales ante la ley. En muchos temas. Probablemente el que más irrite sea el de las ventajas impositivas que poseen. Siguen sin pagar Ganancias y todos miran para el otro lado.

Sin embargo, la mayor deuda y contenido de alto valor explosivo es el de plasmar la impunidad por el paso del tiempo. No es cierto que sólo sea el sistema burocrático legal el que ata de manos a los jueces para fallar. Tampoco que la falta de recurso humano impida que tantos casos sean abordados rápidamente. Algo de eso hay. Pero de lo que se trata es de usar el tiempo como modo de acomodamiento político. Que hayamos visto a un señor tirando bolsos con dinero en efectivo hacia un convento de no monjas debería ser prueba suficiente del delito de enriquecimiento sin causa e ilícito. Y no. Ahí está el dulce de leche del formalismo procesal impidiendo una respuesta.

Parece que sus señorías no toman nota el golpe de indignación que causan sentencias como la de estas horas en donde después de 15 años, se apela al paso del tiempo para esquivar el bulto y no decir si alterar un formulario de transferencia de auto es delito y, sobre todo, si el personaje que se quedó con la máquina de hacer billetes no se encamina a zafar de todos sus procesos. Si ese es el plan para decidir en esta y en todas las causas de la política y la corrupción, señores jueces, juegan con fuego.
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