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viernes 22 de abril de 2016

El Juicio a las Juntas y la transición democrática

Por Ricardo Gil Lavedra (*)

El 22 de abril de 1985 daba comienzo la audiencia oral y público del llamado "juicio a las juntas militares". Declararon en él cerca de mil testigos que, con notable entereza, dejaron al descubierto la crueldad del plan criminal que habían establecido los comandantes de las fuerzas armadas para luchar contra las organizaciones terroristas. Secuestrar personas, torturarlas salvajemente para obtener información, mantenerlas en condiciones inhumanas de vida y luego asesinarlas. Todo en la mas absoluta clandestinidad.

Por muchas razones se trató de un proceso inusual y singular. Lo fue por su tamaño, seguramente no hubo en la historia argentina un caso judicial de tal volumen; baste recordar que la sentencia llevó casi dos mil fojas y que los expedientes agregados sobrepasaron los veinte mil. También lo fue por las graves dificultades, tanto de índole legal como material, que hubo que enfrentar para llevarlo a cabo. No fue tarea fácil encontrar el marco procesal que, asegurando las reglas del debido proceso, permitiera establecer la comisión de miles de delitos cometidos en distintas partes del país por diferentes autores, sobre la base de órdenes generales emitidas por los imputados.

Pero también fue un juicio inédito. No existían antecedentes en el mundo de que un tribunal civil, aplicando la ley penal común, enjuiciara la comisión de graves crímenes por parte de una dictadura saliente.

Argentina venía de medio siglo de alternancia entre gobiernos militares y civiles. Tantos años de dictadura habían dejado en la sociedad profundas raíces autoritarias, un pensamiento corporativo y una peligrosa inclinación a la ajuridicidad y a la anomia. Gran parte de la sociedad creía la versión oficial que proporcionaban las autoridades militares.

Por otra parte, los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad permanecían en sus cargos, no se sabía si el aparato represivo estaba desactivado o algunos integrantes permanecían como "mano de obra desocupada".

En esas condiciones, muchos sectores propiciaban el olvido, argumentando la posibilidad de "reconciliación" y la "pacificación", o bien "que era imposible hacerlo". Pero enterrar el pasado hubiera significado sepultar también ciertos principios y valores en los que se sustentaba la democracia naciente. Era también una obligación ética impostergable "reparar" a las víctimas y el camino para hacerlo era la verdad y la justicia. Allí estuvo la visión y la audacia de un presidente ejemplar como Raúl Alfonsín que decidió que la verdad se conociera, lo que ocurrió con el extraordinario informe de la Conadep, y que los máximos responsables fueran sancionados.

La tarea no fue fácil. Las presiones, intimidaciones y amenazas fueron moneda corriente. Pero el juicio reestableció el valor de la ley y la punibilidad de los poderosos. La condena simbolizó el repudio social a la arbitrariedad y el terror. En ese sentido, contribuyó a formar la conciencia moral de la sociedad y a desterrar a los golpes militares del ideario colectivo.

Por ello, el juicio a las juntas militares se encuentra en el corazón mismo de la consolidación de nuestra joven democracia, pues permitió que ésta se construyera sobre la base del estado de derecho, del imperio de la ley.

A treinta y un años de la realización de ese proceso, renovemos nuestro compromiso con esos ideales, el respeto a la ley y su aplicación por una justicia independiente e imparcial.

(*) Ex camarista. Integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que juzgó a las Juntas Militares.
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