A Fondo A Fondo
sábado 09 de septiembre de 2017

El caso Tupac Amaru

No he leído el expediente de este caso judicial, sólo el reciente fallo de casi sesenta páginas de la Octava Cámara del Crimen. A pesar de esa falencia, compartiré unas ideas generales para contribuir a la discusión pública.

Hay que saber, en primer lugar, que la Cámara rechazó varios pedidos de la Defensa, incluso el de sobreseimiento, y paralelamente coincidió en el fin de la prisión preventiva porque, a su criterio, no se probaron los delitos en los cuales se fundaba.

Claro que esta coincidencia afecta, en lo inmediato, el corazón de la investigación, al menos del modo en que se estaba llevando a cabo. Pero la revocación de un encierro provisorio, por sí solo, no es motivo para alarmarse. Debe analizarse, en cambio, por qué tras tantos años de investigación y varios meses de prisión, un tribunal colegiado tiene una opinión similar a la de la Jueza del Tercer Juzgado de Garantías, y tan dispar a la de la Fiscal que instruye la causa y a la Jueza del Primer Juzgado de Garantías.

Esta disparidad de criterios llega a un extremo en el cual, ahora, no sólo no hay pruebas sobre la asociación ilícita sino tampoco sobre los delitos de estafa, extorsión, coacción ni turbación de la posesión, restando acuerdo únicamente en el ilícito de amenazas coactivas.

La sociedad no debe dejarse convencer por el cliché corporativo que invoca una mitad de una biblioteca imaginaria para apoyar cualquier decisión. Debe exigirle al poder judicial que sus respuestas solucionen los conflictos que trata.

¿Lo preocupante es el fallo de la Cámara o son los problemas que la Cámara ha advertido en el fallo? ¿Es ese órgano colegiado el responsable del boicot a una persecución penal o representa el niño que denunció la desnudez del rey mientras el público aplaudía su ilusoria vestimenta?

No lo sé, pero para averiguarlo propongo un ensayo de soberanía ciudadana, consistente en comportarnos como miembros de un jurado popular que "escucha" con atención la nueva versión de los hechos, y la confronta con la hipótesis que viene sosteniendo la Fiscal de Instrucción. Para esa discusión crítica y colectiva dejo una síntesis de las conclusiones de la Cámara de Apelaciones:

- No se han probado los requisitos de la asociación ilícita de acuerdo con los parámetros de la Suprema Corte de Mendoza y la Corte Suprema de la Nación;

- Es posible concebir una asociación ilícita en el seno de una organización democrática, pero no se ha probado que sea el caso de la agrupación barrial Túpac Amaru;

- La investigación se dirigió al delito de fraude a la administración pública, investigado al mismo tiempo por la justicia federal por tratarse de fondos nacionales, razón por la cual la Jueza del Tercer Juzgado de Garantías se negó a firmar el allanamiento con el que se pretendía secuestrar documentación relacionada con ajena jurisdicción;

- En cinco ocasiones la Titular del Primer Juzgado de Garantías ratificó la asociación ilícita sin analizar los hechos ni confrontarlos con el derecho, como tampoco sin mencionar los antecedentes citados de la SCM y CSN;

- Tampoco está probada la "comisión sistemática" de delitos como estafas, coacciones, amenazas, extorsiones y despojos;

- Las causas que se iniciaron en el año 2011 estuvieron paralizadas durante casi cinco años, pero en el año 2017 sirvieron para sustentar la asociación ilícita en la que se basaron las detenciones;

- Existen un grupo de causas iniciadas, todas, los últimos días de noviembre del 2016, curiosamente luego de un programa televisivo de investigación de Buenos Aires;

- Todos los miembros de la Túpac Amaru fueron afiliados por voluntad propia y con pleno conocimiento de las obligaciones a su cargo para obtener sus casas, tomándose las decisiones en Asambleas con la presencia de los denunciantes;

- No se demostró que se hubiera prometido la entrega de casas en cinco o seis meses, y más allá de tratarse de un incumplimiento contractual, hubiera sido conveniente realizar audiencias de conciliaciones en sede penal para intentar desactivar el conflicto inicial;

- Las bajas de la agrupación por falta de domicilio en el Municipio de Lavalle, no se debieron a un ocultamiento ardidoso de este requisito por parte de los imputados, porque en los hechos no tenía operatividad, hasta recién el 30 de agosto de 2016 que se dictó la ordenanza municipal que endureció ese requisito; y

- Los Municipios de Lavalle, Luján de Cuyo, San Martín y Guaymallén, delegaron en la Túpac Amaru el manejo del Programa para la construcción y entrega de viviendas.

Sin conocer el expediente es imposible saber dónde está la verdad de los hechos. Pero en lugar de anunciar mediáticamente catástrofes sociales y amenazar con enjuiciamiento político a los tres camaristas firmantes, es preferible abrir espacios de discusión crítica con la participación de las Facultades de Derecho (tantas y tan mudas), Colegio de Abogados, otros organismos afines y periodismo de investigación.

Tal vez también se entusiasme el forista o twitero impune y se incorpore a esos espacios, con el beneficio colateral de quitarle apoyo virtual a los políticos interesados en el caso sólo en función de las elecciones legislativas de octubre.
Fuente:

Más Leídas