A Fondo A Fondo
domingo 02 de octubre de 2016

Disciplinar magistrados, una orden con bemoles

Alguna gente de lengua ácida dentro de la Justicia dice que el nuevo jefe de los fiscales parece más un ministro de Cornejo

¿Quién no quisiera que Ayelén Arroyo, de 19 años, pudiese volver a la vida y sortear –mediante un misterioso sortilegio– el filo del cuchillo con el que ese bárbaro llamado Roque Arroyo le rasgó la garganta?

Preguntas y comentarios de todo tipo se han escuchado por estos días en los cafés, en los micros, en el trabajo, o en las reuniones familiares, acerca de los crímenes de Ayelén, de Janet y de Julieta.
Por ejemplo: ¿Y si en lugar de sacar al padre violento de la casa de Ayelén el Estado hubiera retirado a la muchacha y le hubiera proporcionado ayuda en un hogar para víctimas de violencia de género?"

Bajo esa forma interrogativa del "¿Y si..."?, esos deseos para revivir a la víctima no hacen más que aspirar a una imposibilidad: la de retrotraer el tiempo, ese ladino que siempre nos gana.

Ellas
Ayelén fue asesinada porque había tenido la valentía de denunciar los abusos de todo tipo de su padre. ¿Quién duda que matar a un hijo es el crimen más espantoso?

Janet Zapata (29) en cambio fue asesinada porque habría tomado la decisión de terminar la relación con su pareja, Damián Minati, con quien tenía una hija de 5 años.

En el caso de Julieta González, las causas son aún confusas, pero no sería extraño que hubiese molestado con sus decisiones a algún machista que no soportó que lo contradijeran.

Leer en el viento
En el fondo, lo que está queriendo expresar la sociedad a través de todas esas preguntas y del espanto que ha cundido es que ha llegado el momento de aceptar de una vez por todas que estamos ante una enfermedad social que se ha tornado viral.

La decisión judicial de excluir a los violentos del hogar que comparten con sus víctimas ya ha mostrado muchas y contundentes fallas.

El fiscal del caso Ayelén, Fabricio Sidoti, ha sido acusado por el gobierno de Cornejo de mal desempeño .

Para el Ejecutivo, Sidoti no hizo lo adecuado a fin de evitar el asesinato de la muchacha.

Los fiscales, dice el Gobierno, saben de sobra que buena parte de los violentos apelan a la venganza cuando son denunciados por sus víctimas.

La audacia
El gobernador Cornejo ya ha pedido un Jury de Enjuiciamiento para este magistrado, una jugada arriesgada por lo poco habitual, pero que está en sintonía con lo que viene reclamando la ciudadanía.
Eso podría sintetizarse en esta pregunta: ¿por qué los jueces y fiscales que se equivocan nunca son sancionados?

Más de una vez hemos dicho en estas columnas que la Justicia es el poder del Estado menos auditado por la ciudadanía.

Tiene razón Cornejo en tratar de airear esta problemática.

Pero el gobernador debe tener cuidado de no caer en cierta veta que a veces lo lleva a exagerar la autoridad que le ha sido conferida por los votantes y la Constitución.

Ojo ahí
En lo que no debe caer el Ejecutivo, por caso, es en el error de querer hacer hocicar a todos los jueces y fiscales por igual.

Veamos: importantes colaboradores de Cornejo traducen a su jefe con claridad: la decisión de mandar a juicio político al fiscal del caso Ayelén tiene la intención de "disciplinar" a los magistrados. Así dicen.

Trompeados
Desde hace años se viene escuchando en los corrillos políticos la misma cantinela.

Los cachetazos de la civilidad por la inseguridad son siempre para los funcionarios del Ejecutivo y para los legisladores.

Y agregan esos comentaristas que en realidad los magistrados (jueces y fiscales) son los que han favorecido la "puerta giratoria" por la que entran y salen los delincuentes.

Es la Justicia –explican– la que ha privilegiado políticas de garantismo extremo para los delincuentes y de olvido para las víctimas del delito.

Esa Justicia está además muy golpeada por haber sido muy permeable a las influencias del poder político durante el kirchnerismo.

Muchos magistrados –sobre todo en el fuero federal– demostraron en la última década escaso coraje, con agachadas y raquítica dignidad ante el avance de los reiterados casos de corrupción kirchnerista.

El caso Gullé
En el caso concreto de Mendoza hay otro aspecto sobre el que los políticos venían insistiendo, pero sobre el que Cornejo ha decidido actuar antes que hablar.

Es la idea de que para algunos magistrados trabajar en la Justicia es una especie de beca que les permite laborar pocas horas, ya que nadie se anima a meterse con ellos para pedirles rendición de cuentas.

En ese marco se inscriben los cambios en el Ministerio Público Fiscal, a cargo del jefe de los fiscales, un organismo que nunca la política había merituado debidamente.

A partir de la designación del ex camarista Alejandro Gullé como cabeza del Ministerio Público Fiscal, el gobernador espera empezar a mejorar y agilizar las investigaciones sobre los delitos y a modernizar y jerarquizar el trabajo en las fiscalías.

En la propia Justicia ya hablan de una excesiva injerencia de Cornejo en las decisiones de Gullé.
Algunos, de lengua ácida, dicen que Gullé no es el titular del Ministerio Público Fiscal, es decir un órgano con independencia, sino un ministro más de Cornejo.

Y agregan: si Gullé no hubiera estado tan ocupado, por sugerencia de Cornejo, en prohibir a los fiscales que hablen con los periodistas sobre las causas que investigan, quizás se podría haber ocupado rapidamente de poner en vigencia la fiscalía especial para delitos vinculados con la violencia de género, que aún está en veremos.

¿Habrá que licitar pies de plomo?

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